El ministro descarta una prohibición absoluta a la compra de viviendas por parte de extranjeros en Canarias
El ministro de Hacienda de Canarias ha disipado las esperanzas de que las islas impongan una prohibición total a la propiedad extranjera al afirmar que "no está autorizada" por la legislación de la UE, aunque ha subrayado que se podrían negociar algunas limitaciones justificadas.
La consejera canaria de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha advertido esta semana de que la "limitación absoluta" a la compra de viviendas por parte de extranjeros -residentes y/o no residentes- "no está autorizada" por la legislación europea.
Esto se produce después de que el partido nacionalista en el poder en el archipiélago, Coalición Canaria (CC), anunciara a principios de este año que tenía la intención de acercarse a Bruselas con una propuesta para impedir que los extranjeros no residentes compren viviendas en Canarias.
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Las islas atlánticas frente a la costa del Sáhara Occidental se enfrentan a una de las peores crisis inmobiliarias de toda España. La tasa de compra de viviendas por parte de extranjeros con mayor poder adquisitivo (aproximadamente 1 de cada 4 del total) ha sido en parte responsable del aumento vertiginoso de los alquileres y los precios de la vivienda.
El objetivo de Coalición Canaria es utilizar la condición de Canarias como parte ultraperiférica de Europa para conseguir que la UE haga una excepción con ellas, aunque las limitaciones a ciertos compradores extranjeros contradigan los principios del bloque de libertad de movimiento de capitales y personas.
Pero es poco probable que todo sea viento en popa para el partido encabezado por el presidente canario, Fernando Clavijo.
«Las restricciones absolutas, sin justificación, no están autorizadas por la legislación europea, y el Gobierno de Canarias está estudiando todas las posibilidades», afirmó Asián durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento.
Asián destacó que la adquisición de segundas residencias "es un movimiento de capitales" regulado por el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que estipula que las medidas restrictivas a esa libre circulación "deben estar justificadas por alguna excepción contenida en los tratados".
A continuación, señaló que se mantuvieron "ciertas restricciones" en el caso de la entrada de Bulgaria, Estonia y Hungría en la UE, y que también se negociaron disposiciones territoriales relativas a zonas "muy específicas" en el proceso de adhesión a la UE de Dinamarca, Finlandia y Malta.
En el caso de limitar la adquisición de bienes inmuebles, Asián dijo que esta debe estar "amparada en exigencias imperiosas" de interés general y basarse en dos principios: "no discriminación y proporcionalidad".
"Estas excepciones por razones de interés general deben estar perfectamente justificadas", afirmó el ministro.
En sus palabras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentado una "sólida doctrina" al establecer que "la adquisición de residencias secundarias en una determinada zona geográfica puede limitarse siempre que responda a determinados fines" como garantizar el derecho a la vivienda de una población en un territorio y realizar una actividad económica distinta del turismo.
Por tanto, en Canarias podrán ser posibles restricciones zonales a la adquisición de segundas residencias, pero "siempre dentro de estos principios de interés general basados en la no discriminación y la proporcionalidad al fin perseguido".
La razón por la que las palabras de Asián son de particular importancia en estos momentos es porque este año se han considerado limitaciones a la compra de propiedades por parte de extranjeros en varios niveles en España, incluido el nacional.
El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha sido noticia internacional en los últimos meses como resultado de proponer un impuesto del 100 por ciento sobre las compras de propiedades españolas por parte de personas que no residen en la UE, duplicando efectivamente el precio.
En un principio, esto se consideró una maniobra política en un momento en que los socialistas en el poder se ven sometidos a una presión cada vez mayor para resolver la crisis de vivienda cada vez más profunda del país, pero luego su partido presentó una propuesta formal en el Congreso, sugiriendo que Sánchez realmente habla en serio.
Los abogados ya se han pronunciado sobre el hecho de que tales medidas, de aprobarse, terminarán en los tribunales de la UE.
ENTREVISTA: 'El impuesto del 100% que España aplica a los compradores extranjeros acabará en los tribunales de la UE'
Incluso ha habido llamamientos para impedir que los residentes extranjeros compren propiedades en España si no han vivido en el país durante cinco años, una sugerencia hecha por el partido catalán ERC que hasta ahora ha sido rechazada por Madrid pero que está siendo considerada cuidadosamente por el gobierno catalán.
El pasado mes de mayo, los partidos de derecha españoles ya rechazaron una propuesta presentada en el Congreso y el Senado para limitar la compra de propiedades por parte de extranjeros en los dos archipiélagos del país, medida que Vox calificó de “xenófoba”.
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