Neymar y Bruna Biancardi abandonan su mansión de São Paulo tras descubrir que estaban siendo vigilados por cámaras.

Neymar Jr. y Bruna Biancardi abandonaron recientemente su mansión alquilada en Cotia, Gran São Paulo, tras descubrir cámaras internas operadas por el propietario sin su consentimiento. El descubrimiento, según informes, ocurrió después de que la pareja notara movimientos extraños y confirmara que el equipo grababa su rutina diaria sin autorización.

La influencer presentó una demanda solicitando la rescisión del contrato de arrendamiento, la devolución de un depósito de R$123.000 y una indemnización por daños morales. En la demanda, también alegó intrusiones en la privacidad, incluyendo la entrada del propietario a la propiedad para solicitar fotos con el jugador.

Según los registros judiciales, el dueño de la propiedad y su esposa admitieron haber monitoreado las actividades de la pareja a través de las cámaras. Sin embargo, posteriormente afirmaron que ya no tenían acceso a las grabaciones. En contraste, la defensa de Bruna argumentó que la situación constituyó una alteración del orden público, acoso e incumplimiento de las condiciones para el uso pacífico de la propiedad.

La abogada Ana Carolina Chaves de Almeida, especialista en derecho inmobiliario, explicó que, incluso con justificación de seguridad, el arrendador no puede mantener vigilancia en áreas privadas una vez iniciado el arrendamiento, a menos que el inquilino consienta expresamente, y esto se limita a las áreas comunes y exteriores. "El arrendador no puede mantener ningún tipo de vigilancia en áreas privadas después de la toma de posesión del inquilino, a menos que este haya dado su consentimiento previo y expreso, y únicamente en áreas comunes y exteriores, para un propósito justificado y específico".

Enfatizó que instalar cámaras en espacios íntimos, como dormitorios y baños, está prohibido bajo cualquier circunstancia, ya que viola el derecho a la privacidad garantizado por la Constitución. También afirmó que dicha conducta podría constituir delitos como la grabación no autorizada de intimidad sexual y el acoso, además de dar lugar a una indemnización por daño moral.

El caso también incluía acusaciones de que funcionarios judiciales se presentaron repetidamente en la residencia para notificar citaciones y cargos relacionados con investigaciones contra los propietarios por otros delitos, lo que, según la defensa de Bruna, puso en peligro aún más su permanencia en la propiedad. El alquiler mensual de la propiedad se fijó en R$41.008,18.

Para fortalecer iniciativas similares, Ana Carolina aconseja a los inquilinos realizar una inspección exhaustiva de la propiedad, utilizar detectores de señales, registrar evidencia fotográfica, presentar una denuncia policial y buscar asesoría legal. Añade que la instalación no autorizada de cámaras puede justificar la rescisión del contrato sin penalización, según la Ley de Inquilinos.

Tras los primeros intentos de llegar a un acuerdo amistoso, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. A pesar de ello, el incidente generó amplia publicidad y desató debates sobre los límites legales de la vigilancia en propiedades de alquiler en Brasil.